Tenemos que dar una respuesta como pueblo con la Carta Social

Entrevista realizada por Gara a los miembros de Elkartzen Patrizia Muñoz y Aitor Balda:

El movimiento por la defensa de los derechos sociales de Euskal Herria, Elkartzen, surgió a finales del siglo XX con el debate de la Carta Social, que «acabó descafeinada». Sindicatos y colectivos sociales hemos convocado huelga general y planteamos como alternativa una nueva Carta de los Derechos Sociales.


La huelga general del 30 de mayo en Hego Euskal Herria concentra, de nuevo, la reivindicación de la Carta de Derechos Sociales. Elkartzen nació prácticamente de la anterior propuesta a final del siglo pasado, ¿qué les parece?

En torno a 1996 se empezó a ver la necesidad de constituir la Carta de Derechos Sociales. En 1999 se realizó una marcha por el empleo y los salarios. A raíz del descafeinamiento de la Carta Social que se tramitó en el Parlamento de Gasteiz es cuando Elkartzen ve la necesidad de juntarse y organizarse. En realidad se torció todo. Una de las victorias que se lograron en esa lucha fueron las 35 horas en la función pública, con visos de que se extendiera en el sector privado. Este año, sin embargo, el PNV ha tirado esa pequeña victoria.

¿Es una respuesta al aumento del paro, a la pobreza y a la pérdida de derechos sociales?

Tiene relación con la crisis y el proceso de disciplina en el mundo laboral y en el mundo de los derechos sociales. Lo que consideramos factores de empobrecimiento, como el derecho a la vivienda. La evolución de los últimos años es igual: urbanismo salvaje, que no garantiza el acceso a la vivienda. Pero los desahucios han puesto en este período de crisis el problema encima de la mesa.

Siempre hemos dicho que con unos ingresos medios y destinando la máxima capacidad del pago de la vivienda, tendríamos que vivir 114 años para pagar la vivienda. La política de vivienda se ha basado en fomentar la especulación, el urbanismo salvaje y no asegurar el alquiler social.

En este momento, resurge esa idea del alquiler social, ¿qué piensan?

En este momento de crisis sale. Es un juego que practican las instituciones, que es desde el año 2007, cuando empieza la crisis, cuando se dan cuenta de algo que nosotros hemos demandado siempre: el alquiler social, como fórmula precisamente para responder a la falta de recursos económicos para hacer frente a la compra.

¿Hay mucha hipocresía de los gobiernos en los temas sociales?

Mucha. Una cosa es lo que se dice y otra, lo que se hace. En 2010, cuando se juntaron las diputaciones con el Gobierno de Patxi López (PSE), -ahora está pasando lo mismo-, en aquel verano iban a hacer un plan de fortalecimiento de la economía. Fue falso, porque eran proyectos en marcha. Lo hicieron para mantener el pulso mediático.

La semana pasada se reunieron con el Gobierno de Urkullu, pero no han conseguido nada, porque no hay modelo alternativo. El Gobierno ha llegado a un pacto con la patronal para flexibilizar las condiciones de trabajo, reducir salarios y que haya una merma continua de los derechos sociales.

¿Qué piensan de la fuerte pérdida de ingresos por parte de la población más necesitada?

Los ingresos mínimos están disminuyendo ante este drama del paro y la exclusión. Es cuestión de datos: 233.000 parados, aunque hay muchas más personas en paro sin apuntarse -superan los 244.000-. Se está constituyendo una sociedad más dualizada. Una minoría aumenta los ingresos, pero la inmensa mayoría tiene restringidos derechos mínimos, como la vivienda.

Hay 107.000 personas sin prestación por desempleo. Más de 400.000 pensionistas están por debajo de los 700 euros mensuales y si añadimos otros 500.000 trabajadores con ingresos inferiores al umbral de la pobreza, que lo medimos según el 37,5% del PIB per cápita (963 euros), nos encontramos con un drama social. Europa está generando trabajadores empobrecidos y lo asume con tranquilidad. A todo esto hay que añadir la falta del reparto del trabajo productivo y reproductivo, y una pérdida de los servicios sociales. Se dan fuertes recortes en Sanidad y Educación, o con la privatización y mercantilización de la Cultura. El retroceso del conjunto de los derechos sociales es inmenso. Hay que responder.

La novedad en esta huelga es el compromiso social y sindical en la elaboración de la Carta de Derechos Sociales, ¿qué piensa Elkartzen?

Hay que construir ese muro de contención con la Carta de los Derechos Sociales. Darle un impulso desde el conjunto de Euskal Herria. Es una necesidad. Porque cuando hay crecimiento económico no se reparte la riqueza, como pasó entre 2000 y 2005. Hay momentos aparentes de bonanza, que es cuando hemos intentando mostrar el aumento de los dramas de la precariedad. Un ejemplo claro es lo que está ocurriendo en Lanbide: se endurece el acceso a las prestaciones y se dificulta y criminaliza a quienes deben tener acceso a las mismas. Están disciplinando a los trabajadores, a base de recortes, y a quienes no tienen nada a que asuman todo y traguen. No podemos quedarnos ahí viendo cómo nos agreden de esta manera.

¿Cómo le damos la vuelta a esta situación?

Vemos que hay una reactivación de la sociedad ante situaciones sangrantes, como está ocurriendo con los movimientos antidesahucios y experiencias de respuesta y contrapoder a nivel local. Debe haber una respuesta como pueblo ante todas estas agresiones. Es necesaria y es lo que se busca a partir de la huelga.

¿Qué tendría que tener la Carta de Derechos Sociales actual?

Lo mismo que la anterior. No podemos olvidar la trayectoria histórica, ni toda la experiencia. El debate que se ha dado en las organizaciones sociales y sindicales tiene que conllevar una respuesta como pueblo. Euskal Herria tiene que desarrollarse. En segundo lugar, tiene que demandar una cambio profundo. No va a haber un capitalismo bueno, por así decirlo. Podemos verlo a través de todas las crisis de la historia reciente. Hay un montón de crisis, que han confluido, y es una oportunidad para provocar esa transformación. Y, está claro, que se necesitan instrumentos propios de soberanía económica y creemos que debe asegurar al máximo la participación.

¿Es complicado?

Es complicado, teniendo en cuenta todas las sensibilidades. Apostamos porque sea lo más participativo posible, lo que va a mostrar ante la patronal y los gobiernos que existe una unión entre las organizaciones que les hacen frente. Nos enfrentamos al capital. Vivimos en medio de Europa y todo lo que estamos haciendo va en contra, en otra dirección.

La Federación de AAVV presenta un balance a los 3 meses de abrir la oficina anti-desahucios

Tal y como han asegurado, "las razones por las cuales decidimos crear el Servicio de Asesoría Jurídica Gratuito para las personas afectada por los desahucios, no son otras que la gravedad y dimensiones del problema en nuestra ciudad, así como el darnos cuenta de que, ni tan siquiera las Instituciones Públicas, dotadas de un Servicio de Protección Social Publico y recursos económicos, no estaban dando respuesta a esta situación de emergencia social creada por la crisis, el paro, la falta de cobertura de las necesidades mas básicas de las personas, como la vivienda, en algunos casos sin cobertura alimentaria, servicios de agua, luz, gas,… y por la propia situación de indefensión en la que se encuentran miles de ciudadanas/os. Peor todavía: en algunos casos la estaban agravando".

Aseguran que la decisión de abrir la oficina fue acertada, visto el balance, ya que son 70 las personas atendidas. Cuyas edades se encuentran entre los 32 y 70 años.
Los casos que no se corresponden con la vivienda habitual o son de fuera del Municipio son 13; el origen de las personas atendidas, 90% nacidas o residentes de larga duración en
Bilbao; las Entidades Bancarias desahuciadoras, todas; y los barrios afectados, todos.

Entre otros datos, recuerdan que el endeudamiento de las personas está por encima del 60% cuando la recomendación de la Unión Europea es del 30% máximo.

Respecto a las causas por las que se llega al desahucio resaltan:
- Causas sobrevenidas, paro, pérdida de negocios familiares, accidentes, enfermedades graves, ruptura de la relación en régimen ganancial, ruptura de pareja.
- La excesiva protección que la Ley ofrece a las entidades Bancarias, antigüedad de la Ley Hipotecaria. Desconocimiento de la “Letra pequeña de los contratos”.
- El blindaje de las concesiones Hipotecarias, avales, clausulas abusivas, intereses de mora,…
- Entidades financieras no Bancarias de usura,…
- Las entidades bancarias no quieren el bien de tu vivienda, solo quieren cobrar como sea.

Y las respectivas consecuencias de una situación de impago de Hipoteca:
- La consecuencia principal es la perdida de la vivienda habitual, sin opción a poder disponer de la misma, aun que sea en régimen del alquiler.
- La Dación en Pago de forma aislada no es una alternativa, de darse algún caso, puede ser muy lesiva según se encuentre el estado de la amortización de la deuda.
- La subasta es una injusticia: por no respetar el valor de tasación de origen, y por salir a subasta por debajo del valor de tasación del momento.
- Elevación de los intereses de mora sobre las cuotas impagadas, entre el 19 y 24 %.
- Aplicación de los cobros sobre los avales, es decir un familiar que ha avalado tu hipoteca puede perder su vivienda pagada al 100%.

Han recordado que la necesaria solidaridad vecinal debe parar los desahucios, y es que la ayuda solidaria del vecindario es un complemento necesario para evitar los desahucios.
Han anunciado que la Federación ejercerá la intermediación para que entidades públicas, bancos y notarías eviten desalojos, con el asesoramiento jurídico gratuito, nuevos planes de ayudas, refinanciación según las nuevas posibilidades de los afectados, anulación de subastas, revisión de clausulas abusivas, etc.

La Federación hace una valoración positiva de la reciente decisión municipal de poner en marcha el “Servicio de Atención frente a Desahucios”. Es ésta iniciativa la que nuestra Federación estaba reclamando a nuestro Ayuntamiento, han dicho.

Y es que tienen claro que las entidades públicas, como es el caso del Ayuntamiento de Bilbao, deben ejercer una acción social con máxima cobertura posible para todas las personas residentes en el Municipio que tengan situaciones de riesgo de desahucio y no sólo las que se encuentren en una situación terminal. "Este Servicio municipal debe ofrecer el mejor asesoramiento y orientación para evitar situaciones de extrema gravedad y, en última instancia, la cobertura necesaria para obtener como residencia una vivienda social de alquiler complementando así las prestaciones Sociales que ya se cubren".

La Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao consideran necesaria la creación de una comisión de trabajo con los servicios sociales del Ayuntamiento de Bilbao para facilitar su trabajo.

La discriminación en el acceso a la vivienda y el principio de ciudadanía inclusiva

El principio de ciudadanía inclusiva ha destacado entre las líneas que debían regir las políticas públicas de las administraciones vascas desde el I Plan Vasco de Inmigración del año 2003. Implicaba un estatuto uniforme para todas las personas que de hecho residían en el País Vasco, independientemente de su nacionalidad o de la distinción administrativa entre regularidad e irregularidad según el Derecho de extranjería.

Este principio no siempre ha funcionado adecuadamente porque rápidamente se ligó al empadronamiento.

En consecuencia, tanto personas con nacionalidad española como extranjeras, que de hecho viven aquí, han quedado fuera de servicios básicos como la sanidad o los servicios sociales por nos estar empadronadas debido, normalmente, a su situación precaria o a las dificultades que imponen arbitrariamente los ayuntamientos. Con todo, servía de muro de contención para una igualdad de derechos y obligaciones.

El anterior Gobierno Vasco empezó a abrir grietas en este principio con medidas que producían una discriminación indirecta como limitar a dos las personas que podían solicitar la renta de garantía de ingresos en una casa.

El efecto es evidente si tenemos en cuenta el contexto discriminatorio en el acceso a la vivienda para las personas extranjeras y en especial para las que se encuentran en situación irregular.

Pero fue en la modificación de la Ley de Garantía de Ingresos de 2011 donde por primera vez se rompía de manera directa el citado principio. Un poco de vergüenza debían de sentir ya que trataron de esconderlo a través de un nuevo requisito que establecía diferencias para aquellas personas que habían cotizado a la seguridad social.

Este artificio penaliza a las personas que han trabajado de manera precaria, entre ellas a muchas mujeres, pero además deja fuera a las personas en situación irregular que obviamente no han podido cotizar. Más allá de las consecuencias injustas que produce, rompía lo que, hasta entonces, era un consenso básico de la sociedad vasca.

No es extraño que el III Plan Vasco de Inmigración desterrase el principio de ciudadanía inclusiva e incluso obviase completamente la situación de falta de derechos en que la Ley de Extranjería deja a las personas en situación irregular.

Pero todavía querían dejarnos otro regalo: la Orden de Vivienda que establece el sistema de adjudicación de vivienda de Etxebide, acordada estando el Gobierno en funciones deja sin derecho a optar a viviendas de alquiler a las personas en situación irregular.

Cada día contemplamos cómo la crisis está sirviendo para justificar la pérdida de principios básicos del estado de bienestar. ¿Y cuál es la postura del actual Gobierno Vasco? Esperemos que, lo mismo que con el decreto de exclusión de la sanidad, no quiera aprovecharse de las exclusiones hechas y tome, con urgencia, medidas para recuperar el consenso en torno a la ciudadanía inclusiva.

Patxi de la Fuente - SOS Arrazakeria

Gara, 18 de mayo de 2013

Nuevos recortes en prestaciones de Lanbide

Los colectivos sociales de Bizkaia se han concentrado ante las oficinas de Lanbide para denunciar que «el Gobierno Vasco recorta los derechos sociales».

Según ha explicado Laura Agirretxea, parejas, personas divorciadas, matrimonios con menores a su cargo y familias monoparentales denunciamos los nuevos recortes sociales a los cuales se tienen que enfrentar las familias vascas a cuenta de las últimas directrices del Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Y es que Lanbide ha adoptado «una nueva normativa restrictiva». Así, «las personas o familias acogidas por sus parientes, producto de una separación, pérdida de su vivienda debido a un desahucio o la falta de recursos económico por el desempleo, solo podrán percibir las prestaciones sociales durante dos años». En este caso computa el tiempo de empadronamiento en ese nuevo hogar familiar, aunque no haya ayudas públicas de por medio.

Los colectivos Argilan, Asamblea Abierta en Defensa de las Prestaciones Sociales, Asamblea de Invisibles (Ikustezinak) Berri-Otxoak, Danok-Lan, Elkartzen, Mujeres del Mundo, Posada de los Abrazos, Renta Básica Universal Taldea y SOS Racismo denunciamos de manera abierta que esta decisión «afectará, como mínimo, al 30% de las familias perceptoras de las prestaciones sociales gestionada por el Servicio vasco de Empleo». Se debe al recorte presupuestario del 26%.

Bilboko Udalaren zuloa, astetik astera handiagoa

Iberdrolarekin egindako hitzarmena 25,5 milioi euro kostatuko zaio Bilboko Udalari. Hasierako hitzarmenari, 2005. urtean sinatutakoari, KPIaren %23,2ko igoera aplikatu behar zaio. Ondorioz, 20,74 milioiko zorra 25,5ra handitu da zortzi urtetan. Azkunaren kudeaketa “ez hain gardenak” 84,5ko zorra eragin du, eta denborak aurrera egin ahala igotzen darrai.

Iberdrolarekin egindako hitzarmenak 25,5 milioi euroko zorra ekarriko dio Bilboko Udalari. Hasiera batean hitzartutako kopuruari, 20,74 milioi euroei, beste bost milio gaineratu behar zaizkio, KPIaren igoerari dagozkionak.

EH Bilduren salaketa eta informazio eskaeraren ostean jakin da Iberdrolak Gardoki kalean zuen egoitzaren lursailari kalifikazioa aldatzean, bertan luxuzko etxebizitzak egiteko, Udalak 20 milio euroko aprobetxamendua aitortu zion. Gaur egun Iberdrola dorrea dagoen lursaila merkatzea ekarri zuen operazio horrek. Baina lursail hura Bilbao Ria 2000ena zenez, udalak bere gain hartu zuen bi prezioen arteko aldea, hau da, 20,74 milioi euroak.

Orain jakin da, baina, kopuru horri KPI metatua gehitu behar zaiola, hala jasotzen baita Azkunak Ignacio Sanchez Galanen konpainiarekin adostutako hitzarmenean. 2005eko urtarriletik 2013ko martxoa bitartean %23,2ko igoera izan da KPIan. Zorra orduan, 25,55 milioi eurokoa da egun.

Horrenbestez, Udalaren zorra 84,5 milioi eurokoa da une honetan, baina baliteke aurrerantzean gisa honetako operazio gehiago azalaraztea, beraz, zuloa handiagoa izan liteke. Zorraren gainerako kopurua Deustuko kanala irekitzeko proiektuak (30 milioi euro) eta Bilbao Ria 2000 sozietatearen desegiteak (29 milioi euro) eragingo dute.

EH Bilduk Hirigintza sailari dokumentazio eskaera egiten hasi zitzaionetik informazioa eskuratzeko baldintzak gogortu egin ditu Udal Gobernuak, argitaratutako informazioak kalte egin diezaiokelakoan. Aitzitik, koalizioak ez du uste araudiaren aldaketok legezkoak direnik eta kexa helarazi dio Arartekoari, auzia iker dezan.

Era berean, zorraren ingurko informazioak jakitera eman zirenean Udalari “egia” esateko eskatu zion Aitziber Ibaibarriaga zinegotziak. “Egunetik egunera zorra handituz doala ikusten ari gara. 85 milioi eurokoa da orain, hainbat aldiz aldarrikatutako zero defizitetik oso urrun”, dio hautetsiak.

Iturria: Bilboko Branka

Realojan en un piso vacio de Berriozar a una familia desahuciada

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Nafarroa ha realojado en un piso vacío de Berriozar propiedad de La Caixa de una familia que fue desahuciada en 2008 de su vivienda en Iruñea, por impago de hipoteca contratada con la misma entidad.

La vivienda vacía propiedad de La Caixa ha sido okupada este pasado lunes. Con esta acción, la familia pretende que la entidad financiera le condone la deuda y negocie un alquiler social de, como máximo, un 30% de sus ingresos.

En representación de la familia realojada, Marcos Morán, padre de tres hijas, ha explicado este martes a los medios de comunicación en Berriozar que él y su compañera no tienen trabajo en la actualidad y que en junio dejarán de recibir un subsidio de 426 euros. Además, deben tres meses de alquiler de la vivienda en la que se encontraban hasta ahora.

Junto a Marcos Morán han comparecido varios miembros de la PAH, que se han concentrado frente al portal de la vivienda en la que ha producido el realojo bajo el lema, ‘Las personas antes que la deuda. No a la tiranía de los mercados’. Se trata del primer realojo que se produce en Nafarroa por parte de la PAH.

El afectado se propone reclamar a La Caixa que le condone la deuda que aún tiene con la entidad por la hipoteca de la vivienda y que negocie un alquiler social de, como máximo, un 30% de sus ingresos para poder permanecer en la vivienda de Berriozar.

En representación de la PAH, Laura Berro ha esperado que este realojo sea «el primero de una lista larga» porque «la situación así parece que lo va a requerir». Berro ha defendido que la acción realizada está «totalmente legitimada».

La miembro de PAH de Nafarroa ha recordado, asimismo, que el Juzgado de Instrucción número 4 de Sabadell denegó un desalojo cautelar de un inmueble okupado por la PAH en este municipio, donde viven actualmente once familias.

Uno de los argumentos que la juez utilizó, ha destacado Berro, consistió en que «el derecho a la propiedad privada no es infinito y no es absoluto, sino que está limitado por la función social». «Este argumento ejemplifica claramente lo que estamos reivindicando y también creemos que el derecho a la propiedad privada está limitado por el derecho a la vivienda digna, un derecho fundamental de todas las personas», ha expuesto.

Y es que «la crisis actual está provocada por la banca a nivel internacional, porque se han endeudado por encima de sus posibilidades». «Dentro del juego de compra y venta de deuda, las fichas del tablero somos los ciudadanos de a pie, que hemos sido engañados para hipotecarnos con unos intereses altísimos y unas cláusulas abusivas que en muchas ocasiones han esclavizado a muchas familias», ha señalado Berro, que ha añadido que «todo ello ha provocado una situación de alarma social muy fuerte».